La entidad que agrupa a los principales fabricantes y desarrolladores de software para empresas, BSA The Software Alliance, ha identificado un importante incremento en las denuncias recibidas contra empresas españolas por tenencia y uso de software ilegal, es decir, sin licencia.
Fue el pasado año cuando se marcó todo un récord, debido al registro de 493 casos notificados a través del portal de denuncias de BSA. Esto, comparado con el año anterior, supone un crecimiento de un 33%.
Debido a esas denuncias se iniciaron 307 acciones legales contra empresas, lo que supuso un incremento del 38% frente al año anterior y pone en evidencia que la persecución de este tipo de infracciones es cada vez mayor.
¿Quién denuncia más a las empresas que usan software ilegal?
Según los datos de BSA, la mayor parte de las investigaciones a empresas se inician como consecuencia de:
- Denuncias realizadas por exempleados (45% del total).
- Denuncias efectuadas por otras empresas rivales (38% del total).
- Denuncias anónimas de empleados actuales de las compañías (17%).
El valor medio del software ilegal encontrado por registro derivado de la intervención de los juzgados mercantiles ascendió a 294.409 euros, una cifra bastante alta que pone en evidencia que el uso de software ilegal tiene una fuerte presencia en la empresa española.
Las empresas que concentran la mayoría de las denuncias son pymes que desarrollan principalmente su actividad en los sectores de distribución y ventas (13%), Ingeniería o diseño (10%), Industria/manufactura (9%) y arquitectura (7%).
Si diferenciamos por regiones las que más casos registran son Madrid (26%), Cataluña (22%), Andalucía (16%) y Valencia (12%).
En todo esto hay también un dato positivo, y es que se ha confirmado un incremento del número de compañías que regularizaron su situación legal como consecuencia de las campañas realizadas para informar de las ventajas que ofrece el software legal y los problemas que puede dar el uso de programas y herramientas sin licencia.
Según Andrés Pi, portavoz de BSA en España:
“La protección de la propiedad intelectual del software requiere de una combinación de actividades de divulgación, de acciones legales y de políticas públicas que aseguren una mejor gestión de un activo clave para los negocios como es el software. Las empresas, especialmente las pymes, deben ser conscientes de los riesgos operativos, legales y de seguridad en los que incurren, y adoptar medidas de control y de gestión de sus programas de software para evitar dichos riesgos y obtener el mayor partido del software en su actividad”.
Cerca del 50% del software utilizado en empresas no tiene licencia
Más de cuatro de cada diez programas informáticos (44%) instalados en equipos corporativos de empresas son ilegales, es decir, han sido instalados y se utilizan sin autorización del propietario de los derechos de autor del software o contraviniendo los términos del contrato de licencia establecido con el autor.
La proporción ha mejorado frente a análisis anteriores, pero sitúa a España muy por encima de la media de la Unión Europea que es de un 28%, y muy lejos de los países más avanzados en el uso del software como activo de negocio, como Estados Unidos o Canadá, donde la relación de uso de software sin licencia no llega al 20%.
En España BSA estima que el coste comercial de esta práctica en las empresas representa más de 800 millones de euros para los fabricantes y desarrolladores de software, según se desprende de los últimos datos de la Encuesta Global de Software de la consultora IDC.
Las consecuencias son muy graves
Como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en 2015 se modificó gran parte de su articulado, y con ello se ampliaron determinadas conductas que pueden suponer la comisión de un delito por el uso de obras, productos o servicios sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, como en el caso del software.
De esta manera además de las consecuencias penales para sus responsables las organizaciones (personas jurídicas) pueden enfrentarse a multas que pueden ascender a los 280.000 euros, la suspensión de su actividad, la inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas, o para tener beneficios e incentivos fiscales, y la inhabilitación para contratar con el sector público, además del impacto negativo que estos casos pueden tener sobre su imagen pública y su reputación.
