El próximo 2 de agosto entra en vigor la ley de IA de la Unión Europea. La AI Act obliga a las empresas a contar con nuevas obligaciones de transparencia en el uso de la IA. La regulación, que se ha ido implementando por fases desde 2024, consolida así el primer marco legal integral sobre inteligencia artificial.
En este sentido, la regulación plantea muchos retos para las empresas. Estas deberán identificar qué sistemas de inteligencia artificial utilizan, clasificarlos según su nivel de riesgo y garantizar la transparencia, la supervisión humana y la trazabilidad de sus decisiones. También tendrán que reforzar la gobernanza interna, controlar los datos, los posibles sesgos y el cumplimiento del RGPD y los derechos de autor, además de revisar las responsabilidades de proveedores y socios tecnológicos.
A ello se suma la necesidad de formar a los empleados, limitar el uso de herramientas no autorizadas y asumir nuevos costes de cumplimiento para evitar sanciones que, en los casos más graves, pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7 % de la facturación mundial.
Sin embargo, la realidad empresarial está lejos de esta normativa. Los datos de Entelgy apuntan a que el 31,7% de las grandes empresas españolas no ha hecho absolutamente nada para prepararse para esta normativa.
El AI Act no debe verse únicamente como una obligación regulatoria, sino como una oportunidad para revisar procesos, desarrollar nuevas capacidades y construir organizaciones más preparadas para un entorno en constante evolución.
En este sentido, son muchos frentes los que abre. Por un lado, el de plantearse una revisión de la infraestructura, tal y como plantea Holger Pfister, vicepresidente para la región DACH en SUSE: «Para desarrollar una IA de confianza, es necesaria una infraestructura que garantice la seguridad, la transparencia y el control desde el primer momento. Requisitos como la trazabilidad, la seguridad de los datos o la capacidad de auditoría no pueden cumplirse únicamente a nivel de la aplicación; deben estar integrados en toda la infraestructura tecnológica y de nube».
También supone mirar a las personas de la organización. «Muchas empresas están enfocando el AI Act como un proyecto de cumplimiento normativo cuando, en realidad, también es un proyecto de talento. La regulación establece las reglas del juego, pero el verdadero cumplimiento empieza cuando los profesionales entienden qué puede hacer la inteligencia artificial, cuáles son sus límites y cómo utilizarla con criterio», explica Pau García-Milà, cofundador y co-CEO de Founderz.
A modo resumen, son varios pasos los que plantean desde Founderz para adaptarse a esta nueva regulación europea de la Inteligencia Artificial:
Conocer cómo se está utilizando realmente la inteligencia artificial dentro de la organización.
El primer paso consiste en identificar qué herramientas utilizan los empleados y en qué procesos están presentes, ya que muchas veces la adopción se ha producido de forma espontánea y sin una estrategia común.
Impulsar la alfabetización en inteligencia artificial.
Más allá de aprender a utilizar una herramienta concreta, las organizaciones deben garantizar que sus profesionales comprenden las capacidades, limitaciones y riesgos de estos sistemas, tal y como promueve el propio AI Act.
Definir políticas internas claras para un uso responsable.
Contar con criterios compartidos sobre cómo utilizar la IA, qué información puede introducirse en estos sistemas o cuándo debe existir supervisión humana para cumplir con la normativa, reducir riesgos y favorecer una adopción más segura.
La ventaja competitiva estará en las personas
La inteligencia artificial ya forma parte del trabajo diario de millones de profesionales. Disponer de estas herramientas no implica necesariamente saber utilizarlas de forma eficaz. En un contexto en el que la tecnología será cada vez más accesible, la diferencia entre organizaciones no estará en el acceso a la IA, sino en la capacidad de sus equipos para integrarla con criterio y generar valor a partir de ella.
La ley de IA de la Unión Europea complementa la EU Cloud and AI Development Act (CADA), cuyo propósito es reducir la dependiente externa de proveedores extranjeros potenciando la soberanía digital, competitividad y autonomía estratégica de Europa.
Además, existen otras dos obligaciones que llevan más de un año vigentes. Por un lado, la obligación de garantizar la alfabetización en IA de las plantillas, en vigor desde febrero de 2025 y aplicable a cualquier empresa que utilice sistemas de IA, no solo a quienes los desarrollan.
Por otro, el régimen aplicable a los modelos de propósito general, vigente desde agosto de 2025 y que contempla sanciones de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación mundial.