A partir del 1 de enero de 2027 (un año después de lo previsto, tras el aplazamiento aprobado en diciembre del plazo máximo de adaptación al Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación derivado de esta ley), las empresas que emitan facturas con un sistema informático de facturación deberán usar un sistema certificado que genere un registro por cada factura expedida de forma simultánea o inmediatamente anterior a la emisión de la misma, garantizando su integridad inalterabilidad, accesibilidad, legibilidad, conservación y trazabilidad. Y a partir del 1 de julio del mismo año, esta obligación afectará también a los autónomos.
Durante los últimos 40 años la normativa de facturación apenas ha cambiado. Hoy, la digitalización fiscal es una realidad a través de las nuevas normativas de facturación españolas (Ley Antifraude y Ley Crea y Crece) y de la directiva europea ViDA (VAT in Digital Age).
Así pues, nos encontramos ante un escenario que puede parecer complejo, pero, en realidad, es una oportunidad para modernizar procesos y ganar eficiencia.
El objetivo de la primera de estas normas que se implantará (Ley Antifraude) es evitar el fraude y asegurar que cada factura sea verificable. Para ello, el Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación que la desarrolla ofrece dos modalidades: que el registro digital de las facturas emitidas se conserve en el propio sistema y dejarlos a disposición de la Agencia Tributaria; o bien enviarlos voluntariamente y de forma automática a la AEAT en el mismo momento en que se emite la factura (modalidad Verifactu). Y aquí surge la decisión clave: acogerse o no a la modalidad Verifactu.
Ambas opciones cumplen la ley, pero Verifactu aporta ventajas estratégicas: cada factura se valida en tiempo real y recibe un código QR que certifica su legalidad. Esto reduce riesgos, evita sanciones (que pueden alcanzar los 50.000 euros) y transmite confianza a clientes y socios. Además, anticiparse ahora evita costes futuros, porque la facturación electrónica será obligatoria en breve.
En Wolters Kluwer sabemos lo desafiante que puede ser adaptarse a los cambios normativos en el ámbito de la facturación y, por este motivo, acompañamos y asesoramos a nuestros clientes en este proceso de transformación y les ofrecemos un amplio abanico de soluciones de facturación ya adaptadas a la normativa.
Además, a través de nuestra API Conectia Verifactu, ofrecemos a nuestros clientes con sistemas propios, partners y resto de desarrolladores la posibilidad de integrar sus aplicaciones con las soluciones de facturación de Wolters Kluwer, garantizando así que puedan tener su software adaptado, dejando que nosotros nos encarguemos de cumplir con la normativa mientras ellos continúan enfocándose en mejorar las funcionalidades que diferencian su software, manteniendo así su competitividad y rentabilidad sin desviar recursos ni esfuerzos para la adaptación legal ni afectar a sus clientes.
Integrar software mediante una API que conecte con la Agencia Tributaria para cumplir la normativa permite automatizar procesos, reducir errores y disponer de información en tiempo real. Esto no solo simplifica el cumplimiento normativo, sino que mejora la productividad y facilita la toma de decisiones basada en datos fiables. En otras palabras, la Ley Antifraude puede convertirse en un catalizador para la transformación digital del tejido empresarial.
Cumplir la Ley Antifraude es obligatorio, pero hacerlo bien puede marcar la diferencia; las empresas que confíen en fabricantes expertos en cambios normativo estarán mejor preparadas para un entorno cada vez más regulado y transparente. La clave está en ver este cambio no como un coste, sino como una inversión en eficiencia, seguridad y reputación.