España afronta un escenario complejo para la inversión en el sector de centros de datos, marcado por la disponibilidad real de capacidad eléctrica, las condiciones de acceso y conexión a la red y el coste de las infraestructuras necesarias para que esa conexión sea efectiva. Estos se han convertido en factores decisivos para determinar la viabilidad de nuevas inversiones.
A este escenario se suma el proyecto de real decreto sometido a audiencia pública por el Gobierno, actualmente en fase de tramitación, que plantea condicionar el otorgamiento y mantenimiento de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica al cumplimiento de ciertos requisitos de sostenibilidad energética e hídrica y de soberanía digital.
Entre otras cosas, la propuesta establece que los centros de datos incluidos en su ámbito, que son los que tienen una potencia de accesoigual o superior a 1 MW, tendrán que respaldar, hora a hora, un mínimo del 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable, hasta que la generación renovable supere el 90% del mix eléctrico. La propuesta también incorpora nuevas exigencias en materia de eficiencia energética e hídrica.
El impacto de estas medidas en los centros de datos dependerá tanto de las características de cada instalación como de la situación en la que esté el proyecto. Para los que todavía no hayan obtenido los permisos de acceso y conexión, las nuevas exigencias deberán incorporarse al diseño y a la evaluación económica de la inversión. Para los que ya tienen permisos y han comprometido inversiones, pero aún no se han conectado, el escenario puede ser más complejo.
La disponibilidad de capacidad eléctrica condiciona por tanto el proyecto desde sus primeras fases. Un terreno puede reunir las condiciones urbanísticas y medioambientales necesarias, pero no contar con la capacidad de demanda suficiente en el punto de conexión previsto, o depender de refuerzos de la red cuyo coste comprometa su viabilidad económica.
Incluso cuando los permisos se han concedido es necesario analizar sus condiciones, los plazos para mantenerlos y las obras de red pendientes. El coste de las infraestructuras necesarias para materializar la conexión puede modificar de forma significativa la rentabilidad inicialmente prevista para los centros de datos.
A ello se suma el impacto potencial de las nuevas exigencias energéticas. Los centros de datos funcionan de forma continua, pero la producción solar y eólica es variable. Para acreditar cobertura renovable hora a hora pueden ser necesarias diferentes tecnologías de generación, contratar más capacidad o sistemas de almacenamiento. Estas soluciones pueden elevar el coste del suministro y afectar a la viabilidad económica de determinados proyectos de construcción de centros de datos.
Además de la disponibilidad eléctrica, la viabilidad de los centros de datos depende también de factores hídricos, urbanísticos y ambientales. Todos pueden condicionar tanto su ubicación como su desarrollo. En materia de agua, es fundamental comprobar su disponibilidad y las condiciones legales para utilizarla, ya sea a través de la red municipal o mediante captaciones directas. También cumplir los requisitos relacionados con a los vertidos. A ello se suman las nuevas exigencias de eficiencia energética e hídrica que plantea el proyecto de real decreto.
Por todo esto, antes de comprometer una inversión, es necesario verificar que el planeamiento urbanístico permite implantar la instalación, conseguir las licencias municipales y autorizaciones ambientales correspondientes y asegurar los derechos sobre todos los terrenos necesarios para su ejecución. Incluso los destinados a accesos e infraestructuras de conexión. Si falta alguno de ellos, la viabilidad del proyecto puede quedar comprometida. También puede retrasarse su puesta en marcha.
La propuesta normativa también puede afectar a proyectos ya en desarrollo. Las solicitudes de permisos de acceso y conexión que estén pendientes cuando entre en vigor la norma quedarían sujetas a los nuevos requisitos. Según el texto, sometido a audiencia pública, sus promotores dispondrían de tres meses para acreditar que cumplen los requisitos.
La situación es especialmente relevante para los proyectos de centros de datos que ya han logrado los permisos, pero todavía no estén conectados a la red. El proyecto les da un plazo de seis meses para acreditar el cumplimiento de los nuevos requisitos. De no hacerlo, los permisos caducarían y se ejecutarían las garantías depositadas, aunque el texto contempla la posibilidad de renunciar a los permisos dentro de ese mismo plazo sin ejecución de las garantías.
Este régimen puede obligar a promotores que ya hayan comprometido inversiones a valorar la adaptación del proyecto y sus consecuencias sobre los contratos, los calendarios y la rentabilidad prevista. En todo caso, estas condiciones dependerán del contenido definitivo de una norma todavía en tramitación.
En este contexto, la revisión jurídica previa a desarrollar, financiar o adquirir centros de datos tiene mucha importancia. Por eso, en la revisión legal habrá que comprobar la potencia y las condiciones de los permisos de acceso y conexión, las obras necesarias para hacer efectiva la conexión y su coste, la compatibilidad urbanística, los títulos ambientales y municipales, los derechos sobre los terrenos y la disponibilidad jurídica del agua.
También será necesario determinar en qué situación está el proyecto con respecto a la nueva regulación sobre centros de datos, y analizar si su diseño y contratos de suministro permitirán acreditar las exigencias previstas. También cuál sería el coste de una eventual adaptación.
Según Javier García, socio de GTA Villamagna, «la proximidad a una subestación o la capacidad publicada para un nudo no deben confundirse con la obtención de los permisos de acceso y de conexión para la potencia que necesita el centro. El principal riesgo jurídico es comprometer la adquisición del suelo, la construcción o la financiación antes de obtener los permisos necesarios o sin haber comprobado las condiciones para hacer efectiva la conexión. La regulación puede contribuir a ordenar el sector y favorecer los proyectos más sólidos, pero su eficacia dependerá de que ofrezca seguridad jurídica y no introduzca barreras que terminen desplazando inversiones viables hacia otros países de la Unión Europea».
