A partir del próximo año 2026, más de 3.000 empresas españolas tendrán que calcular su huella de carbono, debido a una nueva normativa que lo establece. Se trata del Real Decreto 214/2025, con el que España da un paso importante en su estrategia climática y que hará que las empresas, además de calcular todos los años la huella de carbono resultado de su presencia y actividad, tengan que elaborar planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
La medida afecta a todas las grandes empresas definidas por el Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital. Esto es, además de a la Administración General del Estado, así como a los organismos dependientes de ella, también a las compañías con más de 500 empleados y que estén consideradas como de interés público, que como hemos mencionado, superan las 3.000 en España.
Esto supone un salto importante en cuanto a exigencia regulatoria con respecto a la ley actualmente en vigor, la 11/2018 de información no financiera. Bastantes de ellas ya estaban afectadas desde 2024, a escala europea, por la directiva CSRD, que amplió de 11.000 a 50.000 las empresas que están obligadas a informar sobre su grado de sostenibilidad.
Estas no son las únicas medidas que fija esta ley, ya que también señala que los planes de reducción de emisiones tendrán que fijar objetivos cuantificativos a un mínimo de cinco años. Esto se debe a que la normativa está en línea con lo establecido en la Ley Europea del Clima, así como con la meta de neutralidad para 2050.
Cómo afrontar la normativa de huella de carbono: el papel de los partners
A la vista de estos requisitos, el impacto de esta normativa en el sector empresarial español va a ser considerable. No solo para las empresas afectadas, sino también para los partners y otras compañías expertas en la implantación de tecnología verde en las empresas. Estas, ante la burocracia y las medidas a las que se van a enfrentar las compañías de gran tamaño, así como las administraciones, pueden facilitar y agilizar su trabajo gracias a su experiencia.
Esto también incidirá en un menor número de fallos y problemas que puedan llevarles a sanciones, ya que los informes sobre huella de carbono que tendrán que elaborar las empresas deben ser verificables a nivel externo, y realizarse con metodologías homologables. Los datos que se utilicen para la elaboración del informe, además, también tendrán que ser auditables.
Además, será necesario inscribir las huellas de carbono de las empresas, así como sus planes desarrollados para reducirlas, en un registro público, que habilitará para ello la Oficina Española de Cambio Climático. Según ciertas informaciones, estos datos pueden incluso incluir en el futuro en la contratación de las empresas por parte de las Administraciones Públicas, que podrían priorizar a las empresas que realicen una labor más destacada en su reducción de huella de carbono, entre otras cosas.
En definitiva, todo esto supone un aumento notable de los desafíos para una empresa que se tenga que poner a hacerlo desde cero, y no cuente tampoco con personal especializado para ello. Es en este punto donde los partners especializados pueden ofrecer sus servicios a administraciones y grandes empresas para realizar todos los trámites de manera ágil y segura.
La tecnología también puede ser una buena aliada de cara a la elaboración de informes para cumplir la normativa, gracias a la existencia de herramientas que les pueden facilitar sus partners expertos en medio ambiente, y que permiten automatizar el cálculo de emisiones, consolidar los datos de las emisiones de alcance 1,2 y 3; y generar planes de reducción de la huella integrados con las operaciones cotidianas de la empresa.
Esto llevará también a las empresas a rebajar sus costes administrativos, y a garantizar que los informes que generen estén en línea con los estándares del sector, como la CSRD o el nuevo registro de huella de carbono que pondrá en marcha la administración española.
A partir de 2026, las empresas tendrán que informar sobre los datos de su huella de carbono de 2025. Esto incluyen sus emisiones directas, las consideradas como de alcance 1, así como las indirectas que deriven del consumo de energía, las valoradas como de alcance 2.
Desde 2028, las empresas tendrán que informar además de las emisiones producidas por su cadena de valor, es decir, las de alcance 3, lo que sumará complejidad a la elaboración de los informes de la huella de carbono.
A pesar de tener que hacer frente a las obligaciones de esta nueva normativa, las empresas también pueden sacar partido a su cumplimiento. Como hemos mencionado, contar con un bajo impacto de huella de carbono puede resultar un incentivo para que las administraciones las contraten. Además, debido a la eficiencia y reducción de costes derivados de las medidas de reducción de la huella, y según diversos estudios recientes de Mckinsey, los beneficios operativos de las empresas pueden mejorar hasta en un 60%.
