El número de cibercrímenes en España sigue creciendo en frecuencia e intensidad, y las pymes, a las que tradicionalmente se perciben como el eslabón más débil del tejido empresarial, se han transformado en un objetivo prioritario para los ataques. Así, el Informe de Ciberpreparación de Hiscox desvela que casi el 60% de las pymes españolas ha recibido un ciberataque en el último año, y más de la mitad han sufrido hasta 10 incidentes en un año.
Por tercer año consecutivo, los ciberataques siguen siendo la principal amenaza para las organizaciones españolas. En 2025, el 39% de la pymes los veía como su principal preocupación, con una percepción cada vez más sólida de que la exposición digital sigue en aumento, y que los incidentes son cada vez más complicados de anticipar y contener.
A otro 37% les preocupa la incapacidad de proteger de forma adecuada los datos internos y de clientes ante filtraciones. Esto señala hasta qué punto la gestión de la información sensible es un punto crítico para su operativa diaria. A esto se añaden los cambios regulatorios sobre ciberseguridad y protección de datos, una preocupación para el 36 de las pymes, y que les obligan a adaptarse de forma continua para cumplir exigencias legales.
Además, un 34% de pymes están preocupadas por perder la confianza del personal después de un incidente, lo que destaca el impacto humano y cultural de la ciberseguridad, además de mostrar que los efectos de un ataque van más allá de los planos técnico o económico. Además, el impacto de los ciberataques en las pymes españolas es cada vez más grave, por la sofisticación de las amenazas y por la dependencia que tienen la mayoría de ellas.
Un 38% de las pymes reconoce que los incidentes que ha sufrido han provocado una reducción en sus indicadores de rendimiento, lo que afecta a su actividad comercial, a su capacidad operativa e incluso a su posición en el mercado en algunos casos. Además, para un 36% de pymes, el ataque fue lo bastante grave como para almenazar su solvencia o viabilidad.
El 33% de las pymes ha recibido una multa que impactó de forma notable en sus finanzas. A esto se suma el incremento de los costes asociados a la obligación de notificar a los clientes tras un incidente, gasto que afecta al 31% de las empresas, y que evidencia que las consecuencias económicas de un ciberataque no se limitan a multas o pérdida de ingresos.
En cuanto a sus daños a la reputación, el 29% reconoce haber sufrido mala publicidad tras un incidente, y el 28% asegura que ha tenido más dificultades para atraer nuevos clientes. Asimismo, el 27% de las empresas ha provocado, de forma involuntaria, brechas de seguridad que se han extendido a socios de terceros. El 25% ha perdido socios comerciales a raíz de estos incidentes y el 22% ha sufrido pérdida directa de clientes.
