La plataforma de análisis AdjudicacionesTIC ha publicado un estudio que confirma que la inversión pública en tecnología ha empezado con mal pie en 2018. Si comparamos los resultados de este año frente a los del año pasado durante los mismos meses vemos que en los tres primeros meses de 2017 se adjudicaron 1.455 proyectos por valor de más de 600 millones de euros, mientras que en el mismo período de 2018 tan sólo se han adjudicado 1.163 proyectos por valor de 470 millones de euros aproximadamente.
Esto confirma que estamos ante una caída marcada y que la situación podría mantenerse o incluso empeorar a lo largo del año, ya que hemos empezado 2018 con los Presupuestos Generales sin aprobar y al mismo tiempo se ha producido la entrada en vigor de la Nueva Ley de Contratos del Sector Publico, dos claves que han ralentizado la puesta en marcha de proyectos importantes, una realidad que ha resumido Ismael Moreno, socio fundador de AdjudicacionesTIC
«El sector está preparado para que continúe la reactivación de las inversiones en adquisición de nuevo equipamiento y desarrollo de nuevos servicios, teniendo en cuenta las nuevas tendencias tecnológicas que por fin se empiezan a ver en los concursos públicos y que hasta ahora parecían dedicadas al sector privado, tales como contratación de servicios Cloud, el desarrollo de apps, la contratación de servicios de community manager y un evidente aumento en las contrataciones de plataformas y servicios de seguridad».
Antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos para el Sector Público se produjo un pico importante en las licitaciones publicadas vinculadas a la tecnología que superó incluso a las licitaciones abiertas en diciembre de 2017, un detalle interesante, aunque habrá que seguir de cerca la evolución del mercado durante los próximos meses para poder analizar su respuesta al planteamiento que nos deja esa nueva ley.
Los mayores licitadores durante el primer trimestre del año 2018 fueron la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, que superó los 70 millones de euros, seguida de la Sociedad Informática del Gobierno Vasco y el Servicio Público de Empleo Estatal. Cerraron la lista de mayores licitadores durante dicho período la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya, Metro de Madrid y RTVE.
