Poco a poco el marco común de gestión de identidad digital en Europa se va consolidando. Desde la regulación europea eIDAS o el GDPR hasta el propio DNI o certificado electrónico que tenemos en España apuntan a un estándar que permita la identificación en entornos digitales con las máximas garantías. Un reto donde la administración pública juega un papel fundamental como promotora de tendencias que deben ser apoyadas por las soluciones y los servicios del canal de distribución tecnológico.
Según datos de IDC, el mercado de gestión de la identidad digital en el sector público se encuentra en pleno crecimiento. Se espera que este negocio alcance los 804 millones de euros en Europa y en España supere los 13 millones de euros en tres años. En el sector privado, esta cifra se eleva superando los 100,9 millones en 2025 en España.
En los próximos tres años se prevé que la inversión del sector público en software de gestión de la identidad digital tenga un crecimiento CAGR de 9,7% en Europa y un 7,3% en España mientras que la inversión privada en este mercado será del 10,1% en Europa y 11,8% en España.
En España se espera que el sector público impulse este negocio un 7,3%
Verificar la identidad de un usuario a distancia, evitar la suplantación de la identidad digital y garantizar la privacidad son los principales retos para los que la gestión de identidad digital supone un beneficio.
Sin embargo, hay muchos retos sobre la mesa que frenan el mercado. Desde la limitación de los acuerdos nacionales o internacionales, la brecha digital de los ciudadanos y la falta de inversión por parte de las identidades para conseguir que la gestión de identidad digital sea una tecnología que apoye a las entidades de forma segura y sin fricciones en la verificación de identidad y autenticación del usuario.
El reglamento eIDAS en España
La normativa eIDAS, del acrónimo electronic IDentification, Authentication and trust Services, establece un marco para la identificación y firma digital. Así regula tanto los procesos administrativos como las transacciones electrónicas o la emisión de certificados de confianza online.
Esta nueva regulación evita la presencia previa a la obtención de un certificado digital en una Entidad de Registro y se permite su realización desde un canal digital en remoto. Añade un nivel de seguridad y legalidad confirmado por un Organismo Evaluador de la Conformidad. También destaca como novedad la regularización de las soluciones biométricas, como la verificación de identidad por vídeo streaming, lo que supone un gran avance y una respuesta a la creciente demanda de adaptar la normativa a las novedades tecnológicas que empujaban en todos los sectores.
La aplicación de eIDAS en España permite el reconocimiento mutuo de identidades electrónicas en Europa. Por ello, supone una oportunidad tanto para empresas como administración pública para aprovechar y conectar plenamente los servicios electrónicos y los sistemas de identificación nacionales y europeos, aumentando así la plena interoperabilidad de los ciudadanos de la UE.
