El gobierno español ha aprobado esta semana un nuevo Canon Digital, gravando con diferentes cantidades soportes de medios, ordenadores, medios de almacenamiento, teléfonos móviles y un largo etc, como compensación por copia privada a los titulares de derechos de autor.
Como sabrás, tribunales españoles y europeos españoles y europeos tumbaron por no ajustarse a la legislación el último Canon Digital basado en un cargo a los presupuestos generales del estado y en medio de una denuncia por prácticas monopolísticas y tarifas abusivas de las sociedades de gestión de derechos de autor.
El Canon Digital lleva más de una década de polémica y el anterior también fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras la denuncia de la empresa Padawan y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática española (APEMIT), en un largo litigio ganado contra la Sociedad General de Autores (SGAE) y contra el gobierno que aprobó ese canon, en ese momento el PSOE.
Varapalos jurídicos que han vuelto a llenar de razón a los opositores al canon (fabricantes, canal, empresas, internautas, asociaciones, consumidores…), entendiéndolo como un «impuesto» injusto y arbitrario, que no supone compensación equitativa ante su aplicación indiscriminada, básicamente para empresas y profesionales que adquieren los aparatos y soportes de reproducción digital para fines ajenos a la copia privada.
Nuevo Canon Digital
Como algunos medios habían adelantado el pasado diciembre, el gobierno actual del PP preparó un borrador acordado con las entidades de gestión de derechos de autor que es básicamente el que se ha aprobado esta semana.
El nuevo Canon Digital nos devuelve al siglo anterior porque está basado en el modelo vigente desde 1996 como “compensación equitativa por copia privada” y que curiosamente el partido del gobierno prometió eliminar cuando llegara al poder.
La mayor novedad es la introducción de un sistema de excepciones y reembolsos, que contempla que empresas privadas, profesionales, y organismos y entidades públicas no tendrán que pagar el nuevo Canon Digital siempre que justifiquen que los equipos sujetos al mismo están destinados a uso profesional:
«Se exceptúa del pago a las personas físicas y jurídicas que justifiquen el destino profesional de los equipos y soportes adquiridos, y a las entidades integrantes del sector público”
Para los consumidores también se abre la posibilidad de una devolución si se justifica un uso profesional exclusivo, pero parece complicado que el usuario utilice este mecanismo.
Dispositivos gravados
La lista de productos gravados y sus cantidades es preliminar y podrían añadirse otros artículos:
- Grabadoras de discos: 0,33 euros.
- Grabadoras de discos específicos: 1,86 euros.
- Impresoras multifunción: 5,25 euros.
- Impresoras monofunción: 4,50 euros.
- Discos de una sola grabación: 0,08 euros.
- Discos que se pueden grabar varias veces: 0,10 euros.
- Discos versátiles no regrabables: 0,21 euros.
- Discos versátiles regrabables: 0,28 euros.
- Memorias USB y asimilados: 0,24 euros.
- Tablets y dispositivos móviles con pantalla táctil: 3,15 euros.
- Teléfonos móviles: 1,10 euros.
- Discos duros externos: 6,45 euros.
- Discos duros internos: 5,45 euros.
¿Cómo repercutirá en el canal?
Algunas cantidades son cuantiosas y pueden suponer un importante aumento del precio final de venta, como las destinadas a impresoras o discos duros que pueden suponer un 10% adicional. El «espíritu» de la norma preveía que este aumento de precio pudiera ser absorbida por el mismo fabricante, pero no es sencillo que ello suceda y terminará repercutiendo en los márgenes del canal y en definitiva en el bolsillo del consumidor.
Y no está «el horno para bollos» en el negocio de la tecnología en España como para imponer lo que se considera un nuevo «impuesto». Todo el segmento PC sigue a la baja después de años de caída acumulada y lo mismo podemos decir del segmento tablet. El móvil inteligente es de lo poco que sigue al alza aunque el freno sobre los boyantes años anteriores es claro.
Aunque el nuevo canon digital libera a profesionales y empresas de su pago (siempre que justifiquen uso exclusivo laboral), el aumento de precio dificulta siempre las ventas y con ello el negocio del canal.