El nuevo canon digital ya está vigente en España tras su entrada en vigor por Real Decreto desde el 1 de agosto. El gobierno prevé una implantación escalonada para facilitar la introducción de este nuevo modelo que, por supuesto, terminará afectando al canal a pesar de la introducción de un sistema de excepciones y reembolsos para empresas privadas, profesionales, organismos y entidades públicas.
Después de una década de polémica y anulado el anterior pagado en los presupuestos generales del estado, el nuevo Canon Digital entra en vigor retomando el modelo vigente desde 1996 como “compensación equitativa por copia privada” a los derechos de autor, gravando con diferentes cantidades soportes de medios, ordenadores, medios de almacenamiento, teléfonos móviles y un largo etc.
La lista de productos gravados y sus cantidades es preliminar y podrían añadirse otros artículos:
- Grabadoras de discos: 0,33 euros.
- Grabadoras de discos específicos: 1,86 euros.
- Impresoras multifunción: 5,25 euros.
- Impresoras monofunción: 4,50 euros.
- Discos de una sola grabación: 0,08 euros.
- Discos que se pueden grabar varias veces: 0,10 euros.
- Discos versátiles no regrabables: 0,21 euros.
- Discos versátiles regrabables: 0,28 euros.
- Memorias USB y asimilados: 0,24 euros.
- Tablets y dispositivos móviles con pantalla táctil: 3,15 euros.
- Teléfonos móviles: 1,10 euros.
- Discos duros externos: 6,45 euros.
- Discos duros internos: 5,45 euros.
Según la norma, el pago debe recaer sobre fabricantes y distribuidores de estos equipos, repercutiendo en todo el canal y también en el consumidor, porque no todos los fabricantes podrán absorber estos aumentos cuantiosos que pueden suponer un importante aumento del precio final de venta, como las destinadas a impresoras o discos duros que pueden suponer un 10% adicional. Si ya es difícil vender tecnología en España un nuevo «impuesto» no facilitará la tarea.
Las asociaciones de usuarios de Internet han rechazado el decreto, mientras que asociaciones de consumidores como FACUA lo califican de «injusto», «obsoleto» y «discriminatorio», sólo beneficia a entidades de gestión y perjudica a los consumidores, cobrando por adelantado un canon al suponer que el usuario va a realizar una determinada actividad que podría perjudicar a los titulares de derechos de autor.
