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La facturación electrónica llega a las subcontratas de la Administración

 

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A partir del próximo 1 de julio, las empresas subcontratadas por proveedores de las Administraciones Públicas (AAPP) estarán obligadas a facturar electrónicamente. Esto implica que tanto los contratistas como las AAPP deberán estar preparados para el intercambio electrónico de facturas.

La facturación electrónica cada vez va a teniendo mayor protagonismo en el mercado español. Solo en 2017 se procesaron más de 156 millones de facturas electrónicas en nuestro país, un 32,19 % más que el año anterior. Y su evolución sigue creciendo a pasos agigantados. Ahora es la Administración Pública la que da un paso más impulsando su adopción por parte de sus proveedores y sus subcontratas.

Con la mirada puesta en eliminar la morosidad en las operaciones comerciales, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) aprobado a finales del pasado año establecía el próximo 1 de julio de 2018 como la fecha a partir de la cual las empresas contratadas por proveedores de las Administraciones Públicas deberán tramitar sus facturas de forma electrónica.

Agilidad del proceso

Se trata de una obligación para todas aquellas subcontratas que realicen trabajos o servicios que superen los 5.000 euros. Aquellas facturas que no alcancen esta cifra no estarán obligadas a facturar electrónicamente. Pero, sin duda, el alcance que supone esta medida hace pensar que serán muchas las empresas que deberán adaptarse a emitir sus facturas digitalmente.

Se prevé que, antes del 30 de junio, el Ministerio de Hacienda y Función Pública dispondrá de un Registro Electrónico Único que, entre otras funcionalidades, permitirá acreditar la fecha en la que se presentan las facturas por parte de las empresas subcontratadas al contratista principal y las traslade al destinatario correspondiente para recibir las facturas electrónicas que consignen en el directorio de empresas.

Actualmente, la contratación pública en España es un negocio que alcanza unos 200.000 millones de euros, lo que supone alrededor del 20 % del PIB en nuestro país. Una cifra que muestra el alcance de este negocio y de las oportunidades que se abren para las empresas.

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