El sistema VeriFactu, desarrollado por la Agencia Tributaria, está causando bastante confusión entre empresas y autónomos por sus fechas de aplicación, requisitos técnicos y de homologación, así como por la relación entre la Ley Antifraude y la Crea y Crece.
Con VeriFactu, las autoridades buscan la eliminación de prácticas irregulares, como la doble contabilidad o la manipulación de registros contables. Para ello, establece que todos los programas de facturación tendrán que garantizar la integridad, conservación, accesibilidad y trazabilidad de cada factura emitida.
Cada documento tendrá que incorporar un identificador único, un código QR y una huella digital, o hash, para asegurar su inalterabilidad y permitir su verificación en los portales oficiales de la administración. Además, los programas tendrán que estar preparados para remitir de manera automática los registros de facturación a la Agencia Tributaria, lo que reforzará la transparencia y el control sobre las operaciones de empresa.
La consultora tecnológica Arbentia recuerda que, después del 29 de julio de 2025 pasado, los desarrolladores y fabricantes de software de facturación ya tuvieron que adaptar sus sistemas al reglamento, y que a partir del 1 de enero de 2026, las empresas sujetas al Impuesto de Sociedades tendrán que adoptar obligatoriamente la normativa Verifactu. El resto de empresas que emiten facturas, así como los autónomos, tienen algo más de tiempo, y adaptarse a VeriFactu será obligatorio para ellos a partir del 1 de julio de 2026.
La Agencia Tributaria ya ha habilitado el sistema VeriFactu para que las empresas puedan utilizarlo de manera anticipada. Por eso, Arbentia recomienda iniciar la planificación y adaptación técnica de los sistemas de facturación cuanto antes, con el objetivo de asegurar una transición ordenada y sin contratiempos cuando sea obligatorio.
Paralelamente, es fundamental distinguir entre la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece, dos normativas que con complementarias pero que persiguen objetivos distintos. Esta última, impulsada por el Ministerio de Economía, establece la facturación electrónica obligatoria entre empresas y profesionales (B2B) para rebajar la morosidad y mejorar la eficiencia de las empresas.
Su aplicación será escalonada una vez se publique la orden ministerial que desarrolle la ley: un año después para las empresas que superen los 8 millones de euros de facturación. Las empresas que facturen menos de esta cantidad tendrán dos años para aplicarla.
En cuanto a la Ley Antifraude, que depende de la Agencia Tributaria, introduce el sistema VeriFactu, y contempla dos modalidades de cumplimiento: VERI*FACTU, con remisión inmediata a la AEAT de los registros de facturación, y NO VERI*FACTU, con conservación interna de los registros bajo estándares de seguridad, que la AEAT podrá requerir.
Ambas normas tienen el mismo fin: conseguir un ecosistema empresarial más digital, transparente y controlado, con la tecnología como base del cumplimiento normativo. Para afrontar la implantación de VeriFactu, Arbentia propone una hora de ruta práctica con siete pasos:
- Diagnóstico inicial del sistema de facturación actual: evaluar el grado de digitalización, los flujos de emisión y registro de facturas, y la compatibilidad técnica con los nuevos requisitos de la AEAT.
- Identificación de obligaciones y calendario específico: determinar si la empresa está sujeta al Impuesto de Sociedades o al IRPF en estimación directa, así como los plazos concretos que le afectan.
- Selección y validación de software conforme a la ley: adoptar soluciones homologadas que garanticen la integridad de los registros, el uso de certificados electrónicos y la emisión de códigos QR y hashes verificables.
- Integración con sistemas contables y financieros: alinear el software de facturación con el ERP y otros sistemas internos para mantener la trazabilidad completa del proceso contable.
- Automatización y formación interna: Configurar los procesos para minimizar la intervención manual y capacitar a los equipos administrativos y financieros en el uso correcto del sistema.
- Simulación y validación antes del periodo obligatorio: hacer pruebas y simulaciones de envío a la Agencia Tributaria para garantizar que los registros cumplen los estándares técnicos y legales.
- Supervisión continua y adaptación a futuras actualizaciones normativas: mantener una estrategia que permita incorporar con rapidez ajustes regulatorios o técnicos en el ecosistema fiscal digital.
