La necesidad de tecnología por parte de la administración pública en España cada día son mayores. Y es que el sector público no está exento de la obligación de digitalizarse y con ello, atraer negocio del canal de distribución a través de las licitaciones TIC.
Durante 2023, el conjunto del sector público convocó 144 licitaciones TIC asociadas a suministros y servicios de tecnología e innovación, por un valor estimado total de cerca de 2.850 millones de euros.
Aunque el sector público comparte muchas demandas con la empresa privada, sus limitaciones en presupuestos, gestión financiera y requisitos son diferentes. Las licitaciones TIC marcan las contrataciones que deben hacer las administraciones locales, autonómicas o estatales. Un punto al que se deben ceñir los proveedores optando por su mejor propuesta.
Las licitaciones TIC se acercaron a los 2.850 millones de euros en 2023
Sin embargo, convertirse en el adjudicatario de una licitación no es un camino sencillo. Las administraciones imponen ciertos requisitos que cumplir y donde hay muchos factores a tener en cuenta. Lo examinan en el informe Análisis y buenas prácticas en los sistemas de contratación pública TIC, de la Asociación @aslan. Unos beneficios que, a la postre, beneficiarán la innovación digital del conjunto de la economía.
Licitaciones TIC: en qué destacar como proveedor
A tenor de los resultados del informe, el precio es uno de los dos factores que intervienen en la relación calidad-precio de las ofertas, ratio que debe maximizarse a la hora de la adjudicación de los contratos públicos. Para ello, este criterio debe ponderarse adecuadamente en cada caso. Para evitar una pérdida de la calidad de las soluciones ofertadas por los licitadores, se recomienda que los factores relacionados con la calidad y la innovación cobren mayor protagonismo sobre el precio, especialmente en el caso de los contratos de servicios más complejos o intelectuales.
Otra preocupación entre las empresas está asociada al plazo de presentación de las ofertas, en ocasiones excesivamente ajustado. Por otro lado, se puede dar la paradoja de que, resultando adjudicatario y habiendo acreditado su solvencia, una empresa no llegue a ser adjudicataria de ningún contrato basado. En este sentido, se recomienda implementar prácticas rotativas de adjudicación de los contratos basados, cuestión que ya están aplicando algunas administraciones públicas.
En esta misma línea, la constitución de la garantía definitiva puede convertirse en una barrera de entrada para algunas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, por lo que se recomienda que esta sea proporcionada y acorde al perfil de los licitadores potenciales y ajustada, en caso de que resulte procedente, al volumen de contratos basados o específicos que se les vaya adjudicando.
Otros aspectos analizados son los relacionados con ciertos costes que han de afrontar las empresas que concurren a estos procesos y que dificultan su participación. En concreto, los referidos a las pruebas de concepto cuando estas son exigidas durante el proceso de adjudicación y su importe es elevado. También referido a los costes se encuentra el del precio de la mano de obra, incluso en circunstancias sobrevenidas no previsibles como un período hiperinflacionario o el de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), lo que puede acarrear pérdidas significativas para el adjudicatario.
Además, el informe incide en la necesidad de reclamar una mayor transparencia activa en la publicación de los informes de valoración en la adjudicación de los contratos basados. Esto ayudaría a las empresas a analizar sus errores, su margen de mejora en futuras licitaciones o, incluso y llegado el caso, disponer de información para examinar si han podido verse perjudicados en sus intereses legítimos.
La agilización de procesos en las licitaciones TIC también es un reto para, por ejemplo, las nuevas invitaciones de los contratos basados que hayan quedado desiertos o la necesaria y correcta planificación de los contratos basados cuando los servicios han de ser renovados periódicamente. Con ello, se podría garantizar la continuidad del servicio.
