El «derecho a reparar» ya es una realidad en la Unión Europea. La nueva ley obliga a los vendedores de electrodomésticos y electrónica de consumo a garantizar la reparación de los productos durante, al menos, 10 años. Una iniciativa que pretender reducir la basura tecnológica que generamos en el Viejo Continente.
Según informan en Associated Press, la ley, que entró en vigor el pasado lunes, obliga a los fabricantes a asegurarse de que sigue habiendo piezas disponibles durante una década, aunque algunas sólo se proporcionarán a empresas profesionales de reparaciones para asegurar que se instalan correctamente.
Los nuevos dispositivos tales como lavadoras, televisores o secadores de pelo también tendrán que venir con manuales de reparación y estar fabricados de tal manera que se puedan desmontar con herramientas convencionales cuando realmente ya no se puedan reparar, para mejorar el reciclaje. Una medida que, en la actualidad, no siempre se cumple e impide que muchos actores del canal especializado puedan arreglar los dispositivos, motivando así una nueva compra.
Reducir los desechos, una labor de todos
La nueva normativa europea que quiere garantizar el derecho a reparar no es el único paso dado en estos años para intentar reducir al máximo los desechos electrónicos o intentar que se reciclen los máximos componentes de cara a darles otra vida o ampliar su tiempo de uso.
La economía circular se ha impuesto no solo como una estrategia de marketing sino también como un modelo de negocio. Muchas tiendas han apostado por esta vía para dar una segunda vida a los productos tecnológicos apareciendo la venta reacondicionada que cada día tiene más seguidores.
El problema no es un menor. El nivel de desechos electrónicos que se genera en el mundo y, en especial, en Europa ha ido creciendo de forma exacerbada en los últimos tiempos. Cada europeo genera al año unos 16 kilos de residuos tecnológicos de los cuales tan solo el 40% se reciclan.
En España los datos no son mejores siendo uno de los países que, een 2018, se situaba en la cola del reciclaje electrónico. Aunque los datos han mejorado y ya en 2019 se duplicó la cantidad gestionada por entidades como Recyclia que recogió 57.500 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos, todavía estamos lejos de tener una conciencia plena del impacto medioambiental que supone toda esta basura.
En nuestro país se han promovido iniciativas para obligar a fabricantes y canal de distribución a instalar puntos de reciclado en las tiendas, en especial, para los consumibles de impresoras además de motivar la entrega de los dispositivos antiguos para su reciclado cuando se compran nuevos. Aún así, casi la mitad de los españoles no recicla sus dispositivos móviles.
Sin embargo, las medidas no son nada sin la colaboración de todos los integrantes de la sociedad tecnológica: consumidores, fabricantes y proveedores de tecnología tienen su parte de responsabilidad en el reciclado de productos electrónicos. Solo asumiendo cada uno su parte podremos conseguir reducir el impacto medioambiental y evitar destruir aún más nuestro Planeta.
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